Destitución presidencial en el Perú / Andrés Jaramillo Torres

El pasado lunes 02 de noviembre, el Congreso peruano declaró la destitución del ahora ex presidente Martín Vizcarra. Para llevar a cabo la destitución, se utilizó la figura de ¨vacancia por incapacidad moral¨, toda vez que el ex presidente se encuentra inmerso en investigaciones por presuntos actos de corrupción.

¿Era correcto destituir a Vizcarra por acusaciones de corrupción? No. En un Estado de Derecho debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia. Como mencioné en una entrega anterior, para efectos jurídicos, una persona es culpable de un delito únicamente cuando el órgano jurisdiccional así lo ha declarado en sentencia firme. 

El derecho a la presunción de inocencia se ha construido bajo la premisa de que quien acusa miente. Por esta razón, antes de afirmar que alguien ha cometido un delito, se debe investigar y procesar a esa persona conforme a derecho, de tal manera que el sujeto investigado o acusado tenga la oportunidad de defenderse y contradecir la imputación en su contra. 

Se ha destituido a un presidente vulnerando garantías del debido proceso. El Congreso asumió, sin que exista sentencia alguna, que Vizcarra es culpable de delitos de corrupción. Obviaron que mientras no exista una decisión jurisdiccional condenatoria, Vizcarra goza de la garantía de inocencia y debe ser tratado como tal.    

Las facultades del Congreso para declarar la destitución presidencial por ¨incapacidad moral¨ es un poder legislativo ampliamente discrecional, que abrió las puertas a la arbitrariedad e inseguridad jurídica. Sin duda, esta situación representa un quebranto de la institucionalidad democrática peruana. 

Andres.jaramillotorres@gmail.com