Demasiado premio / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión

El procedimiento abreviado para 8 de los 19 procesados por delincuencia organizada en el caso de la fallida construcción del Hospital de Pedernales, es legal, pero no deja de ser raro, por decirlo de algún modo.

El pasado 9 de noviembre, los ciudadanos Daniel Mendoza, Jean Carlos Benavides, René Tamayo y José Véliz, entre otros, se acogieron al procedimiento abreviado. Esto quiere decir que los procesados admitieron su participación delictiva a cambio de obtener beneficios en el tiempo de la condena.

La figura jurídica llamada procedimiento abreviado fue introducida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para favorecer principios de celeridad, inmediatez y economía procesal. Cuando se presenta el caso, la Fiscalía da la oportunidad a los presuntos culpables de abreviar su juzgamiento, mediante el reconocimiento de la infracción, garantizándoles la rebaja de la pena correspondiente al delito cometido. De esta forma, el Estado economiza los costos de la administración de justicia. A primera vista las dos partes, infractores y Estado, Salen ganando.

Para Mendoza la Fiscalía solicitó 50 meses de prisión, para otros 3 acusados pidió 40 meses de cárcel y para los 4 procesados restantes, una pena de 34 meses. A esta sentencia se suman un par de cosas más. Primero, una multa de 10 Salarios Básicos Unificados (SBU) para Mendoza y sus secuaces. Segundo, el juez ordenó devolver 8 millones de dólares como reparación integral. Cada sentenciado deberá pagar un parte hasta completar la cantidad señalada. El exasambleísta cumplirá su sentencia en la confortable Cárcel 4 de Quito.

Mendoza acepta el tiempo de la condena, pero rechaza el monto de la reparación integral. Es más, su defensa califica de “infame” el monto de la reparación. Los 8 millones se fijaron conforme al dinero del anticipo para la construcción del hospital, que desaparecieron sin justificación, pues la obra casi no tiene avances.

Infame no es la sentencia ni la reparación, sino haber impedido intencionalmente que el pueblo tenga hospital. El procedimiento abreviado está permitido legalmente. Por eso, los culpables lo usan para bajar su tiempo de permanencia en prisión. El Estado por su parte ahorra los costos del proceso judicial. Aparentemente, todos son beneficios. Pero, 4 años de cárcel para una banda de atracadores confesos, que privó a todo un cantón de un hospital donde atender sus dolencias, parece demasiado premio y muy poco escarmiento. (O)

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