¿Reactivación económica? / Esteban Torres Cobo

Columnistas, Opinión

Llegan algunas noticias positivas respecto del sector de la construcción. Al menos en Quito -donde el mercado inmobiliario de alta gama es particularmente importante y potente comparado con el de otras ciudades- empiezan nuevamente a venderse proyectos que, hasta antes de la Consulta Popular, estaban parados y sin perspectivas de poder comercializarse.

La Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, aprobada de consuno por el correísmo y por todo Alianza País -incluyendo los mutantes que hoy reniegan sus orígenes- en el 2016, fue nefasta para el Ecuador. Nefasta. Innecesaria. Estúpida y sinsentido. Quizás constituyó el peor legado legal que dejó la Revolución Ciudadana en sus diez años de transformaciones jurídicas.

Súbitamente liquidó al mercado inmobiliario en su momento y dejó sin trabajo a familias enteras, y no particularmente a los más solventes, sino a familias de albañiles, plomeros, mecánicos y demás.

Así, la Consulta Popular rinde su primer fruto, palpable y digerible, sin que hiciese falta Comisión o acto alguno mas que la votación del 4 de febrero.

El presidente Lenín Moreno envió ya el Proyecto de Ley para derogar la nefasta Ley y, en la Exposición de Motivos, aunque faltan todos los detalles se mencionan algunos muy importantes. Según el propio Banco Central, la industria de la construcción decreció en -1.7% en el segundo trimestre del 2017 y un -7.9% respecto del segundo trimestre del 2016, debido a la Ley.

Estas cifras, que de por sí ya son altísimas, no comprenden el impacto integral que tuvo el peor capricho ideológico del correísmo. No estiman, por ejemplo, lo que el gran parón en la planificación, diseño y expectativas significó para un sector que estaba bastante estable luego del boom petrolero de años anteriores y los 300.000 empleos que se perdieron.

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