Políticas públicas en beneficio de mujeres maltratadas
La defensa de los derechos de las mujeres y ceroimpunidaden casos de violencia de género es el compromiso del Consejo de la Judicatura mediante políticas públicas orientadas a proteger a quienes sufren algún tipo de agresión.
La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia presentó el informe del trabajo realizado, desde el 19 de junio hasta el cuatro de octubre del 2018, dentro del proceso de implementación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aquí se señala que los equipos técnicos de esta dependencia, entre el 30 de junio y el 23 de agosto, efectuaron un diagnóstico de las unidades judiciales competentes en materia de violencia y un estudio de cobertura óptima del servicio de justicia especializado.
“177 juntas cantonales de protección de derechos, 756 tenencias políticas, 256 comisarías nacionales tienen en este momento la facultad de emitir medidas de protección”, según el informe.
La entidad tomó las acciones para que a partir del tres de septiembre, 72 jueces especializados conozcan delitos de violencia física, psicológica (mujeres y núcleo familiar) y los de índole sexual y femicidio, según lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En la Unidad de Vigilancia Comunitaria permanecen tres juezas que están a cargo en temas de violencia. Diariamente atienden casos relacionados con agresiones físicas y psicológicas.
Del mismo modo, se trabaja en la implementación de una innovación tecnológica en el móduloexterna del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) para registrar medidas de protección a nivel nacional y en los lugares más apartados.
Esta plataforma permitirá que las autoridades administrativas remitan su resolución de medidas de protección a los jueces para que ellos la confirmen, modifiquen o revoquen.
También se destacó la puesta en funcionamiento de unidades judiciales contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar en Infracciones Flagrantes, con un nuevo modelo de atención, bajo el principio pro víctima en Quito, Cuenca, Ambato y Guayaquil, donde se atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Estas dependencias cuentan con gestores judiciales, quienes prestan ayuda inmediata a las personas agredidas; equipos técnicos integrados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales; espacios para primera acogida; mecanismos de coordinación con Fiscalía y Defensoría Pública para la asistencia inmediata a las víctimas en casos flagrantes. (I)
