Monitoreaban casas y empresas de manera ilegal
Las investigaciones se realizaron durante dos meses y a las 08:30 horas se hizo el operativo para el decomiso de los equipos y clausura de una empresa de seguridad que prestaba el servicio de monitoreo, el jueves 17 de enero.
La empresa tenía al menos 120 clientes solo en Ambato, el mismo servicio lo ofertaban en Manabí, pero lo hacía sin los permisos que otorgan el Ministerio del Interior y el Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía Nacional (COSP).
El mayor Patricio Vargas Cruz, jefe del Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía Nacional, recomendó a las personas interesadas en contratar los servicios de seguridad primero verifiquen si está legal. “No podemos encomendar nuestra seguridad en empresas ilegales. Cualquiera que desee brindar el servicio de vigilancia privada sea fija, móvil, traslado de valores o VIP debe contar con el permiso que otorga el Ministerio del Interior”.
Agregó que es importante el apoyo de estas empresas para la Policía Nacional, siempre y cuando estén legalmente constituidas
De igual manera, Jennifer Benítez, directora de Regulación y Control del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, informó que en Tungurahua están 11 empresas reguladas y trabajan cumpliendo la normativa vigente de la Ley de Seguridad.
Recalcó que los operativos son permanentes para identificar a quienes prestan este servicio de manera ilegal. Expresó que incluso quienes brindan seguridad fija, que es con guardianía, deben contratar a quienes cuenten con un curso de formación de 120 horas en materias de defensa personal, manejo de bitácora y primeros auxilios; además tener permiso de armas.
Olga Suárez utiliza el servicio de seguridad por monitoreo y mencionó que cuando contrató no verificó si estaban legales y que lo hizo porque escuchó el nombre de la empresa mediante una publicidad radial.
El mayor Patricio Vargas Cruz, informó que hacen el seguimiento de todas las empresas de seguridad mediante las páginas web, redes sociales y los anuncios publicitarios, las identifican y si están ilegales aplican sanciones. (I)
