De la  Participación Ciudadana / Gabriel Morales Villagómez

 

La Constitución de Montecristi que entró en vigencia en el 2008 trajo como un nuevo paradigma constitucional la creación de cinco poderes o funciones del Estado, entre ellas la de “Participación Ciudadana” a la que se le dio el ostentoso  nombre de “Función de Transparencia y Control Social”.

Esta función es un engendro más, de las muchas instituciones  que se copiaron de las constituciones bolivarianas de Venezuela, Bolivia y Brasil y se incluyeron en el ordenamiento jurídico e institucional de la República del Ecuador y ahora se ha vuelto inviable para una buena administración del Estado.

 Cuando se hace referencia a la participación ciudadana, se debe hablar de la participación social, política o económica que tiene el ciudadano, que debe interactuar en la comunidad como vecino, consumidor, trabajador, contribuyente, elector o como miembro de alguna organización social.

A sabiendas de que el poder originario del Estado radica en el pueblo, quisieron encontrar soporte para  el “poder ciudadano”, quienes estuvieron en Montecristi institucionalizaron orgánicamente la participación ciudadana y se justificaron en la crisis de gobernabilidad que vivió el Ecuador después del retorno a la democracia.

Se pretendió implementar y regular en la estructura del Estado las diferentes formas de intervención de la ciudadanía que ahora comprobamos y sabemos  resultó en un fracaso.

El “Quinto Poder”, como expresión de los mandantes, debía promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, prevenir y combatir la corrupción, seleccionar a las autoridades de los organismos de control y ya vemos todos los males que ha vivido el Ecuador.

En el estado garantista, el Quinto Poder debe proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos, sin embargo, el “Quinto Poder” no cumplió con las expectativas que impulsaron su creación.

La Función de Transparencia y Control Social no pudo advertir y prevenir la corrupción y para colmo nombró como autoridades de control, a quienes ahora paradójicamente están prófugos de la justicia y sindicados en robos, sobreprecios y actos delictivos en contra de los fondos públicos.

Eligió como autoridades de los organismos de control a funcionarios vinculados a un solo movimiento político y excluyó  a todos los demás sectores que no fueron parte del proyecto político de gobierno anterior, rompiendo el sistema de “contrapesos” lo que ha significado que a esta Función fuera  considerada  como un estamento más del correismo.

Por todo esto, esta Función está destinada a desaparecer, pues desde el mismo hecho de haber sido creada como un “poder” del Estado, está impedida de ser la representación legítima de la ciudadanía, porque la ciudadanía se edifica desde el pueblo y no desde quienes detentan el poder y por concepción misma, desde el poder no se puede construir el entramado de la participación ciudadana.

Ha sido necesaria una consulta popular y la intervención digna y acertada de una Comisión de Transparencia transitoria integrada por ciudadanos probos para recomponer la institucionalidad del país, pero a corto o largo  plazo será necesaria la convocatoria a una asamblea constituyente, para rehacer la institucionalidad del Ecuador y echar abajo este  mal invento constitucional revolucionario. (O)