Auditoria a la deuda pública / Ec. Mg. Diego Proaño C.
La Contraloría General del Estado, realizó un examen especial a las fuentes y usos, así como a la legalidad de la deuda pública (periodo 2012 – 2017), considerada esta como todas las obligaciones financieras o de otra índole, que hayan adquirido entidades del sector público, entre si o con terceros, en este entorno el Contralor (Subrogante) en la presentación del borrador del examen, anuncio varios hallazgos. Primero que no se consideró como parte de la deuda, a las preventas de petróleo por un monto de 6.660 millones de usd. Tampoco se consideró en la ley, la forma de cálculo del porcentaje de deuda, respecto al Producto Interno Bruto PIB, para cumplir con el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas que determina el límite máximo de endeudamiento en 40% del PIB y que únicamente para financiar proyectos de interés nacional y previa autorización de la Asamblea Nacional se podría contratar más deuda.
Otros hallazgos encontrados se refieren a que se declaró como información reservada a ciertas operaciones de deuda pública, por tanto no se podía disponer de información, de hecho en la auditoria no se pudieron encontrar algunos documentos de soporte y otros sin numeración, como tampoco con firmas de responsabilidad. Pablo Celi indico que en octubre de 2016, el entonces Presidente de la Republica, mediante Decreto Ejecutivo 1218, determina el cambio en el cálculo de la deuda pública, debiendo considerar para su contabilización en el Banco Central del Ecuador (BCE), solo la deuda externa (consolidada), dejando de lado la deuda interna, por ello el monto anunciado era de 27.000 millones, que aparentemente representaba el 27,3% del PIB, es decir no llegaba al techo del 40% máximo de ley y, bajo este precepto, se siguió adquiriendo más deuda. Antes del decreto (1218) la contabilización de la deuda pública se registraba la interna más la externa, es decir todas las obligaciones del sector público (deuda agregada).
Con todo y esto el informe concluye que se manejó discrecionalmente las operaciones de deuda pública, se contravinieron normas constitucionales porque Petroecuador no estaba legalmente autorizado a conseguir recursos para liquidez del Estado, pero lo hizo, se superó el 40% del PIB máximo de ley, se cambió las cifras de las cuentas públicas por cambio de cálculos, nuevas normativas y omisión de componentes y, se superó las normas de prudencia fiscal, porque el monto total de la deuda pública (interna y externa), según el examen de Contraloría, llegaría a 65.765,7 millones de usd, que representaría el 68,4% del PIB.
Es urgente y fundamental, que luego de considerar pruebas de descargo en los plazos establecidos, se presente el informe final y se diga a la sociedad ecuatoriana la realidad de la deuda pública, que según cifras oficiales del BCE, creció en una desproporción entre 2015 y 2017 porque paso de 18.558,5 a 33.650,1 millones de usd, de ser el caso se determine responsabilidades administrativas o penales a quienes inobservaron aspectos legales y de prudencia, al fin y al cabo son recursos públicos. De ratificarse los montos de deuda de la auditoria, la deuda publica per cápita (por persona) llegaría a 3.937,12 dólares y no los 1.612,00 usd que se decía. (O)
Analista económico – Asesor empresarial
